Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internalcional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
Artículo 6° Punto 6.3 Se sustituye el texto actual por el que sigue: "Si se tratase de un aparato a presión no procedente de cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) deberá presentarse, junto con la documentación indicada, una certificación extendida por la Administración del país de origen, o por alguna Entidad de control oficialmente reconocida en el mismo, legalizada por el representante español en dicho país, en la que se acredite que los cálculos, materiales empleados, procesos de fabricación y ensayos realizados son conformes con el código y normas utilizadas." Dos.
La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.
La catástrofe fue ocasión para que se demostrará el afecto y apoyo de la comunidad internacional hacia nuestro país; recibimos brigadas de rescate y apoyos materiales provenientes de 43 países.
El subsecretario Robles Segura nos informó que con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre próximo pasado que afectó a la ciudad de México y algunas otras zonas del país, la comunidad internacional y la comunidad nacional expresaron su apoyo al pueblo de México de muy diversas maneras, entre otras, aportando donativos en especie.
VI.—La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas, mediante resolución Nº 3638-2005-SETENA de las 09:25 horas del día 12 de diciembre del 2005, Posteriormente, SETENA aprobó modificaciones al Proyecto mediante resolución Nº 170-2008-SETENA de las 12:50 horas del día 4 de febrero del 2008. VII.—El proyecto Crucitas traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central.
El código de minería establece que las empresas mineras deberán pagar el 2% de su utilidad bruta a la comunidad; por lo que la municipalidad de San Carlos y la comunidad del área de influencia a Crucitas recibiría anualmente un aproximado de US $ 1,441,158 durante ocho años (para un total de US $ 11,529,263); vii) Se maneja un fideicomiso para desarrollar obras sociales y las acciones de la comisión de monitoreo del Proyecto Crucitas, que recibiría anualmente la suma de US $ 364,063 y viii) El proyecto Crucitas pagará impuestos al gobierno central, se tiene calculado un pago anual por impuesto de renta de US$8,790,289 para un total por la vida de la mina de US $ 70,322,309.
Si se tratase de un aparato a presión no procedente de cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) deberá presentarse, junto con la documentación indicada, una certificación extendida por la Administración del país de origen, o por alguna Entidad de control oficialmente reconocida en el mismo, legalizada por el representante español en dicho país, en la que se acredite que los cálculos, materiales empleados, procesos de fabricación y ensayos realizados son conformes con el código y normas utilizadas.
Para resolver un problema de emergencia y respetar el derecho de la gente a continuar viviendo en su comunidad, decreté la expropiación de una serie de predios en las colonias céntricas del Distrito Federal.
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ellas los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
