De qué acusan a Livia Brito tras ser citada en el Reclusorio Sur para una audiencia

Livia Brito y su expareja Mario Martínez deberán presentarse el próximo 18 de julio en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México, para una audiencia de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

Si bien la citación, obedece a un caso derivado de un altercado en 2020 en una playa de Cancún, donde la pareja presuntamente agredió y robó al fotógrafo Ernesto Zepeda, el que ahora deban acudir ante las autoridades tiene otro motivo adicional y aquí te lo contamos.

El origen del conflicto remonta a 2020 cuando la actriz cubana y su pareja fueron acusados de golpear a Zepeda y sustraer su equipo fotográfico. A pesar de haber perdido la demanda por robo, el paparazzi inició un nuevo litigio por agresión, obteniendo un fallo favorable en marzo pasado. El periodista Carlo Uriel informó en esa ocasión que Brito debería pagar una compensación de más de 1.2 millones de pesos.

A pesar de la resolución, Brito interpuso un amparo para retrasar el cumplimiento del pago. Zepeda destacó en una entrevista con Venga la Alegría que la actriz y su pareja nunca han asumido responsabilidad por lo ocurrido, limitándose a dar declaraciones públicas disculpándose por el incidente. Sin embargo, con la nueva audiencia programada, el proceso legal podría concluir de manera definitiva.

Este caso ha generado una batalla legal continua, marcada por demandas y contrademandas entre las partes involucradas. Las audiencias y las resoluciones judiciales han mantenido el caso en la esfera pública, captando la atención de medios y seguidores de la actriz.

Según la información del periodista Carlos Jiménez, cuenta con acusaciones por falsedad de declaración, motivo por el que deberá presentarse en el Reclusorio Sur el próximo 18 de julio a las 10:50 de la mañana.

Este señalamiento habría surgido porque la famosa y su pareja habrían negado las agresiones cometidas y el aparente robo al paparazzi.

De acuerdo con el Código Penal de la CDMX, en el caso de mentir sobre hechos que motivan la intervención de autoridades, las penas oscilan entre dos y seis años de prisión y multas de cien a trescientos días. Si la falsedad se refiere a circunstancias o accidentes, la pena se reduce a uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa.

Adicionalmente, aquellos que busquen inculpar o exculpar a alguien de manera indebida en un procedimiento penal, enfrentan penas de tres a siete años de prisión si el delito no es grave y de cinco a diez años si es grave. Declaraciones falsas como testigo o denunciante también se incluyen en esta normativa.